El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, no es una norma centrada exclusivamente en eficiencia energética, pero sí incorpora medidas con impacto directo en la electrificación, la descarbonización industrial, el autoconsumo y el desarrollo del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE).
El propio texto deja claro que uno de sus objetivos es acelerar la electrificación de la economía española, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y facilitar decisiones de inversión en equipos e instalaciones más eficientes. En ese contexto, la norma menciona expresamente actuaciones como la sustitución de calderas de gas por bombas de calor, la instalación de autoconsumo fotovoltaico, el despliegue de almacenamiento y la mejora de la eficiencia energética de los edificios.
Uno de los bloques más relevantes del RDL es el impulso al sistema CAE. La norma prevé la aprobación, en el plazo de un mes, de coeficientes de corrección para la sustitución de calderas de combustión por bombas de calor eléctricas. Además, refuerza la gestión del sistema mediante una plataforma electrónica cuya implantación y gestión podrá encomendarse a un operador, habilitando para ello a OMIE y MIBGAS.
Otra medida destacada afecta a la industria electrointensiva. El artículo 7 reactiva para 2026 un mecanismo de apoyo consistente en una reducción del 80% del coste de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad. Esta rebaja se aplica a consumidores electrointensivos certificados y busca reforzar su competitividad en un contexto de elevada volatilidad energética.
El decreto también introduce cambios importantes en el acceso a red de la demanda. Según su exposición de motivos, se refuerza la transparencia sobre la capacidad disponible, se crea una prestación por reserva de capacidad de acceso, se endurecen los hitos para mantener permisos, se regula el acceso flexible y se priorizan determinados consumos considerados de alta prioridad. El objetivo es evitar el acaparamiento especulativo de capacidad y facilitar que la red se destine a proyectos reales de electrificación.
En el ámbito industrial, otra novedad relevante es la creación del Fondo para el Impulso de la Descarbonización Industrial, FIDI. Este fondo sustituye al anterior FERGEI y amplía su alcance. Se estructura en dos secciones: una destinada a la cobertura de riesgos derivados de contratos de suministro eléctrico a largo plazo de consumidores electrointensivos, y otra orientada a apoyar la descarbonización industrial, principalmente mediante instrumentos como los contratos por diferencia de carbono.
En conjunto, el RDL 7/2026 lanza una señal clara: la electrificación, la eficiencia energética y la descarbonización industrial pasan a ocupar un papel todavía más central en el marco regulatorio. No se trata de una norma monográfica sobre eficiencia, pero sí de un texto con medidas concretas que pueden influir en la toma de decisiones de muchas empresas que estén valorando proyectos de ahorro energético, sustitución tecnológica, autoconsumo o transformación de procesos industriales.